Trata de personas: cada vez más víctimas

La esclavitud del siglo XXI

Como si se las hubiese tragado la tierra, desaparecen de un día para el otro y nadie sabe nada. Eso es la trata de blancas. Mujeres a las cuales les arrancan su propia vida y las hacen padecer un infierno infinito.

En nuestro país, en los últimos 18 meses, 600 mujeres fueron víctimas de secuestros por parte de redes de tratas de personas. Naciones como Estados Unidos, ya han puesto la mirada en estas cifras. Un estudio realizado por el

Departamento de Estado norteamericano, revela que nuestro país se consolida como una región de origen, tránsito y destino para mujeres, niños y hombres que padecen el drama de la explotación, con bajos niveles de condenas y la ausencia de un plan nacional que enfrente el hostigamiento.

En el norte de nuestro país se han realizado investigaciones por parte de departamentos judiciales y el resultado que arrojó fue que, en su mayoría, las mujeres víctimas de trata son de nacionalidad boliviana. Luego siguen las argentinas y aquellas que son traídas de Paraguay. Además, se han identificado jóvenes de República Dominicana, Perú y Colombia. En cuanto al motivo por el cual son secuestradas, existe un amplio predominio de investigaciones por casos con finalidad de explotación sexual (64%) y, luego, un muy escaso porcentaje de casos con finalidad de explotación laboral en el rubro rural (5%).

Según la UFASE ( Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas), la trata de personas es definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta definición deja en claro que la trata de personas no siempre es referida a la explotación sexual o con fines de prostitución, sino que puede tener diferentes objetivos, en todos los casos, se utiliza la violencia y la privación de la libertad. La abogada María Florencia Núñez Palacios hace referencia a esto de la siguiente manera: “Cualquier reducción a la servidumbre, cualquier engaño a fraude llevándote de mucama a un lugar y después te encierran, por ejemplo, y no diste tu consentimiento para esa tarea, eso ya es delito de trata, incluso el sólo de transportar a la persona de un lugar a otro sin su conformidad”.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones consideraron la trata de personas un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó un escalón por debajo del narcotráfico. “Este delito trasciende a otros países ya que muchas de las victimas vienen de otras regiones y están indocumentadas, algunas tienen documentos falsos que acreditan mayoría de edad y es muy difícil poder concretar denuncias. Es una red internacional lo que se está llevando a cabo”, agrega Núñez Palacios.

La Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, sancionada el 9 de abril de 2008, prevé que las penas para este tipo de contravenciones será de cuatro a diez años de prisión en los casos de victimas mayores de edad, y de seis a quince años de prisión cuando la víctima fuere menor de 13 años. Po otro lado, la Ley aclara que “Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara”.

Otro de los puntos importantes mencionados es la intervención de la justicia y de la policía. Siempre y cuando las fuerzas no estén vinculadas activamente a los casos de secuestros, estos delitos se podrán condenar. Es común escuchar testimonio de victimas que han sido rescatadas de prostíbulos en los cuales mencionan que agentes de la policía realizan negocios con estas organizaciones extorsivos. Es por ello que, en ciertas comisarías de dudosa transparencia, las denuncias no se toman como corresponden. Así nunca se podrá desenrollar este ovillo de atrocidades.

“Es muy difícil detectar los casos de trata porque hay muchos países involucrados. Primero hay que identificar a las personas en cuanto a su mayoría de edad. Si es mayor de 18 años y brindó su consentimiento estamos hablando de prostitución y tiene que ver con la Ley de Profilaxis. En el caso que sea menor de edad, no importa si brindó consentimiento, se entiende que con todos los menores es delito de trata. A partir de esto se descubre que muchas veces hay autoridades involucradas y, a partir de las denuncias que se realicen, hay que investigar si dio su aprobación y de dónde viene esa víctima", explica la abogada.

Hay que tomar conciencia que estamos frente a un delito grave en el cual deben intervenir las organizaciones mundiales y se necesita de la interacción de las políticas de los países afectados. En Sudamérica los resultados de estos delitos son tan alarmantes como la cantidad de víctimas.

Con políticas migratorias más rigurosas, fronteras más controladas, un seguimiento comprometido de las autoridades y con la ayuda de todos los ciudadanos, este panorama puede cambiar. El cuadro es lamentable pero si nos animamos a denunciar el paisaje sería distinto. El compromiso debe llevarse a cabo por todas y cada una de las personas que en este momento están encerradas en cuartos de prostíbulos o encerrados en talleres clandestinos sin salida alguna y sin esperanzas de una realidad mejor.

Cambiando el paradigma

“Los niños en conflicto deben permanecer en sus hogares”

La psicóloga Mercedes Villar, integrante del plantel técnico del hogar de abrigo municipal de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, nos explica cómo se disuelven los patronatos de la infancia para dar lugar a centros asistenciales llamados hogares de abrigo a partir de la nueva Ley de protección integral de los derechos del niño.

En el municipio de Mercedes existían dos macroinstituciones, el “Instituto Unzué” que alojaba niños y el “Instituto Mariquita Sánchez” que alojaba niñas. Estas estructuras se desarticularon a partir de que se dicta la nueva ley que protege al niño como “sujeto de derecho” y definiendo un espacio diferente para albergarlos y contenerlos. Fundamentalmente, apunta a desinstitucionalizar a los menores para que puedan crecer y desarrollarse en el ámbito familiar.

¿Cuál es el cambio más radical que plantea la Ley?
Antes de adherirnos a esta Ley, las problemáticas se resolvían sacando al chico del núcleo familiar e institucionalizándolo. A partir de ahora se trata de resolver la problemática dentro de la familia, entonces pierde el sentido que existan estas instituciones tan grandes. Sólo en el Instituto Unzué, se llegó a albergar 400 niños, por lo cual no se podía asistir de forma personalizada a estos chicos por mas que tengan asegurada la salud , la educación y la alimentación. Con el tiempo se evaluó que esto no arrojó experiencias positivas, lo que dio lugar a repensar estas instituciones y crear los “hogares” municipales con espacios más cálidos, relaciones más directas y así desterrar los grandes espacios institucionales fríos y anónimos.

A pesar que se trate de no institucionalizar, la ley contempla que, en ciertos casos, es necesario separar a los niños de las familias porque hay vulneración de sus derechos, como abusos y violencia.
Estas víctimas, que tienen un rango etáreo de recién nacidos hasta los 18 años, son alojadas en los hogares de abrigo. Están por un tiempo mínimo, siendo esta una medida “provisional y excepcional”. Se trabaja con la “familia íntima” y, además, con la “familia extensa”, tíos abuelos y primos, incluso con referentes comunitarios.
Siempre se buscan alternativas para evitar que el chico sea alojado en institutos. Para que el niño pueda volver al núcleo familiar se deberá trabajar para resolver las causas que generaron la situación problemática.
Los albergados en los hogares de abrigo pueden mantener sus amigos, el colegio y todas sus actividades cotidianas.

¿Cuál es la ayuda concreta que recibe el núcleo familiar dentro de estos hogares?
Primero, cuando se saca al niño del hogar es porque es víctima de alguna situación que no saben resolver los adultos, por lo cual, se le da apoyo psicológico, sobre todo, porque sufren al ser separados de su familia. En el caso de los adultos, se trata de contenerlos en distintos programas municipales. Por ejemplo, si hay problemas de violencia familiar, se les ofrece incluirlos en el “Centro de atención a víctimas de violencia”, se los asesora, se los acompaña a buscar turnos y se les hace un seguimiento. O sea, se los deriva a distintos sistemas que colaboren a revertir la problemática. Una de las mayores

causas es la desocupación, entonces se gestiona la inclusión en distintos programas sociales para que puedan recibir bolsas de alimentos o pensiones, incluso, para que puedan ingresar en planes de viviendas. Se evalúan las potencialidades de la familia y, a partir de allí, se los fortalece a través de estos programas que pertenecen a las distintas secretarías del municipio.

Una situación a resolver con los chicos albergados es la adicción a las drogas o al alcohol, problemática instalada en todos los sectores sociales. Para ello se realiza la derivación al “Centro de prevención de adicciones”, allí se evalúa qué modalidad de ayuda requiere cada paciente según el grado de adicción. Se abordará el tratamiento necesario que incluya, o no, la internación, siendo los tratamientos ambulatorios los menos efectivos. Este Centro de adicciones actúa de manera articulada con los hogares de abrigo que sólo funcionan como dispositivo para resolver la problemática.

¿Se resuelven las problemáticas a partir de este cambio?
Sí, realmente se resuelven los conflictos. Hemos abrigado 50 niños en estos dos años que comenzaron a funcionar los hogares de abrigo y vemos los cambios.
Estuve en las viejas estructuras y creo que esto de trabajar para que los niños permanezcan en el seno familiar y sólo en casos excepcionales se los separe, fortalecer a la familia y vínculos familiares, es lo mejor para los niños. Tampoco podemos ser idealistas, a veces es lo mejor separar a los niños de su familia cuando existen situaciones muy conflictivas. Con el tiempo, va a dar testimonio de que los niños crecen mejor y más saludables en el ámbito de pertenencia. Con las viejas instituciones no se trabajaba para la reinserción del niño a su familia.

Actualmente el hogar de abrigo de la Municipalidad de Mercedes posee diez camas solamente, con lo cual, es necesario seguir trabajando para mejorar este nuevo sistema de asistencia. Hay nuevos proyectos para que los edificios de los obsoletos institutos sirvan como hogares de abrigo ya que poseen mayor capacidad.
Los hogares funcionan pero hay un punto ciego en el sistema: las situaciones penales de estos niños. La ley plantea lugares de “asistencia” para chicos con problemáticas familiares pero no para resolver complicaciones con la ley. Aunque el municipio cuenta con un “Centro de referencia” donde estos chicos son derivados, este tema sigue siendo el punto débil de la reforma, permitiendo una mejor articulación entre los hogares de abrigo y los institutos penales para “niños hasta 18 años”.
Legalmente, dejar la estructura de los patronatos, implica una responsabilidad por parte de los jueces de menores que ordenaban la institucionalización de los niños sin resolver el problema ni ocuparse de la situación familiar, trayendo como única consecuencia la victimización de los chicos. Estos hogares, al asistir a las familias, aseguran un cambio, es garantía de que los menores puedan volver con sus familias en un determinado tiempo, sin tener la incertidumbre de estar esperando cada fin de semana la visita de un familiar que, sin saber porque, dejo de llevarle abrazos.

LEY DE MEDIOS:informe especial

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Hace varios meses, suenan en nuestras cabezas las palabras “ley de medios”, “ley K”, “ley mordaza”, “ley de la dictadura” y muchas otras como éstas que se repiten diariamente en periódicos, canales de televisión y radios. ¿Podremos terminar de ordenar y jerarquizar estos términos? ¿Cuáles serán ciertos? ¿Cuáles no?
La Ley de Medios Audiovisuales fue propuesta por el Gobiernos oficial, especialmente, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el 18 de marzo de este año presentó el anteproyecto en el Teatro Argentino de La Plata frente a una multitud que la aplaudió de pie.
Esta nueva ley intenta cambiar y eliminar radicalmente, la antigua Ley de Radiodifusión (Ley 22.285) promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que en ese entonces basaba su política y la aplicación de sanciones en esa normativa. Y es aquí donde comienza la marea de comentarios y, sobre todo, justificaciones para estar a favor, o no, de la nueva ley.
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A favor del cambio
Muchos partidos políticos consideraron que el oficialismo estaba proponiendo una ley necesaria, actualiza-da y que dejara fuera de aplicación la antigua ley 22.285.
Hay ciertos argumentos importantes que se utilizan para apoyar el proyecto. Enumeraremos algunos de ellos, los más significativos y los más pronunciados durante las sesiones de las dos Cámaras.
El argumento primo es que la ley de radiodifusión es una ley de la dictadura y, por ese mismo motivo, está fuera de vigencia y es obsoleta. Este es un punto que nadie niega, ni siquiera los opositores.
La ley de Radiodifusión no tiene en cuenta ciertos aspectos que desde 1980 a la actualidad fueron cambiando y, sobre todo, se fueron incorporando nuevas tecnologías que ya quedan fuera del alcance de la misma.
Por lo tanto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) agrega los nuevos soportes de los distintos medios. Mientras que la 22.285 regula los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias, la LSCA otorga marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
Otro argumento utilizado por quienes aceptan la ley de medios es que ésta abrirá más voces de opinión al poder acceder a las licencias, por ejemplo, las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Se amplía el espectro de opiniones y de contenidos en los diferentes medios.
Con la antigua ley las personas jurídicas sin fines de lucro pueden ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Y con respecto a éstas, la ley 22.285 permite que una sola persona obtenga 24 licencias con una duración de 15 años pudiéndose prorrogar por 10 años más, mientras que LSCA otorgará solo 10 en lo que respecta a servicios abiertos en un período de diez años que se podrán continuar por diez años más, previa realización de Audiencias Públicas, promoviendo también, un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias ya que anteriormente, mediante la utilización de sociedades por acciones, se las podía ocultar.
Existen aspectos que la ley de Radiodifusión no ha tenido en cuenta, como son las cooperativas, los servicios comunitarios y el cine nacional. Dentro de la regulación ningún artículo abarcaba estos actores. Con lo cual, la nueva ley de Medios los incorpora mediante la promoción de medios comunitarios a las frecuencias radiales, canales de televisión y medios gráficos; estableciendo un régimen abierto de participación para las cooperativas, e implantando una Cuota de Cine Nacional en la pantalla chica, de tal modo lo han hecho países como Francia y Brasil. Esto sin dudas, ayuda a promover la cultura nacional, conocer diferentes sectores sociales y a que puedan tener su espacio para expresarse. Pero, sin embargo, ¿no lo tienen hoy día? Las medias complementarias de la nueva ley, ¿podrán colaborar con este aspecto? Un ejemplo que suelen usar los oficialistas es que a partir de esta nueva ley, los pueblos originarios lograrán tener su lugar en los medios de comunicación, pero, ¿cuál es el impedimento en la actualidad para que eso no se dé así? El Estado debería apoyar estos argumentos con otros más convincentes y aplicables, porque si nos detenemos a pensar, estos mismos pueblos que hoy no tiene sus radios subvencionadas, no lo tendrán con la vigencia de la nueva ley si no se aplican otras medidas de apoyo a estos sectores.
El punto más controvertido, sin dudas, que modifica la nueva ley es la Autoridad de Aplicación: un órgano “autárquico y descentralizado”. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Éste ente regulador es el que suplanta al organismo conformado por militares, servicio de inteligencia y empresas, tal como lo explica la ley de Radiodifusión. (COMFER)
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A favor del cambio, en contra de la ley.
Es común escuchar en este último tiempo que la Ley sancionada, ya que fue aprobada por las dos Cámaras, es una ley del Gobierno, una ley “K” que solo quiere eliminar al Grupo Clarín y romper sus monopolio. Y en este punto nos hacemos una pregunta: ¿No era el diario Clarín el que apoyó, disimuladamente, a Néstor Kirchner cuando asumió a la presidencia en mayo del 2003? Sí, indudablemente, habrá sido funcional a sus estrategias.
Durante los debates de los diputados y senadores, ya sea en las respectivas cámaras, en televisión o diarios, se han escuchado opiniones encontradas que resultan muy válidas.
Es necesario saber qué objetan los que se oponen a la Ley, no al cambio de la Ley de Radiodifusión, sino a la LSCA tal como fue sancionada el pasado 10 de octubre. Y es esencial aclarar que aquel que no está a favor de la ley no es anti-oficialista y aquel que sí apoya el proyecto no necesariamente, es ”K”.
Una de las críticas mas escuchadas por parte de los opositores es que la ley no permitirá mas libertad de prensa como se argumenta, sino que “el control del Estado no nos va a permitir progresar. Y este Gobierno ha minado la seguridad jurídica y la confianza en este país”, como atacó el salteño Juan Carlos Romero en la sesión de senadores.
Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) fue el primero en poner en dudas la constitucionalidad de la ley y en advertir que, de aprobarse, como finalmente ocurrió, la ley podría derivar en una ola de presentaciones ante la Justicia. "Esta ley no pasa el texto mínimo de constitucionalidad", sentenció. Y alertó: "La judicialización será el camino de los licenciatarios que quieran defender sus derechos, y las consecuencias serán imprevisibles y costosas".
Otro punto controvertido son las licencias, ya que sí el Poder Ejecutivo estará a cargo, en su mayoría, de la autoridad de aplicación y de el otorgamiento de licencias, es lógico que se ponga la lupa sobre ello, ya que podríamos pensar que las éstas serán otorgadas por amiguismos y simpatías, acrecentando esta amistad en épocas de elecciones o, en su defecto, en tiempos de renovación de licencias.
“Lo peligroso no es la ley, sino la trampa”, dijo María Eugenia Estenssoro en la audiencia del 10 de octubre al explicar su voto negativo a la Ley, ante el presidente de la cámara de Senadores, Julio Cobos. Toda ley tiene su lado vulnerable, el conflicto se crea cuando alguien se aprovecha de este “bache” para filtrar conveniencias.
El artículo que más dudas generaba era el 161, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva norma en el plazo de un año. Se trata de una cláusula de desinversión que ha sido objetada por las cámaras empresariales del sector por considerar que vulnera los derechos adquiridos, ya que los obligará a vender sus bienes a precio grosero.
Y es aquí donde interviene la voz de Grupo Clarín, al principio medida y luego desmesurada, imponiendo términos como “Ley mordaza” y “Ley K”. Cuando los intereses que entran en juegos se ven violados por ambas partes del conflicto, se declara la guerra. Por consiguiente, la ley de Medios parecería ser una ley en contra de los monopolios, siempre y cuando no favorezca al cambio de los mismo, reemplazando uno por otro, en este caso, el controlado por el Estado.
A partir de ahora, los multimedios tendrán que achicarse y reacomodar sus empresas, entendiendo que estos tiene en su poder radios AM y FM, diarios y canales de televisión que, en su mayoría, son de transmisión por cable.
Clarín, deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al grupo español Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias.
En cambio, los que se ven favorecidos por la LSCA son Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, ya que tenían prohibido el ingreso al mercado de los medios en los documentos de licitación de la privatización. Esa norma existía porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros.
El proyecto oficial les permite ahora ingresar. Pero les impone dos restricciones: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Lo que solo afecta a Telefónica que tiene inversiones españolas.
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Observemos para poder reflexionar.
El espectador común tiene la incertidumbre de si ésta ley aprobada va a perjudicar su vida cotidiana, informándose por los canales que cada uno elige diariamente. O sea, ¿va a cambiar el bendito zapping, que nos permite ver de todo y a la vez no ver nada? Tanta información nos puede confundir, pero esto no quiere decir que debamos restringirla, sino, comprenderla, procesar lo que vemos día a día en los medios, comparándolo con lo que vivimos en las calles, en el trabajo. Debemos distinguir entre una ley que propone el Estado y una ley que sólo favorece al mismo, una discusión que se plantea entre monopolios y anti-monopolios y una discusión la cual se concentra y critíca o apoya a dos actores: Gobierno – Grupo Clarín, mal relacionados con oficialistas y anti-oficialistas.
Depende de nosotros que ésta ley no sea aprovechada para favorecer los intereses de unos pocos, depende de nosotros, los espectadores, que decidimos qué vemos y qué no.
Esta nueva ley, en teoría, va a posibilitar nuevos puestos de trabajo al abrir mas canales, radios y periódicos, pero estos nuevos periodistas que trabajan con la información constantemente, ¿podrán plasmar en el papel, decir antes los micrófonos y cámaras, lo que realmente sucede? No existe el “periodismo limpio, neutral” ya que no podemos dejar nuestra subjetividad de lado, pero es mas grave aún, cuando debemos obrar acorde a la subjetividad de otro.
Como toda reglamentación, podemos hallar cosas positivas como negativas pero debemos ser capaces como pueblo y, sobre todo nuestros representantes, de pensar en el bienestar común, y que no sea sólo un escudo o una bandera para defender
ciertas ideologías en un banquillo.
La Ley de Medios es necesaria, pocos discuten esto, pero es necesaria siempre y cuando sea para avanzar, progresar y no dejar de lado ciertas cuestiones que podríamos enumerar a montones. Cuestiones sociales que están tocando fondo, ya sea hambre, pobreza u obras públicas.
Que este debate que, lleva meses ocupando lugar en los distintos medios en boca de diferentes políticos y periodistas, no nos desenfoque la realidad. Que no se transforme en una lucha entre poderes, en una lucha dentro de la misma sociedad, tal como ocurrió hace mas de un año atrás con el conflicto del campo y “la 125”.
La LSCA abre las puertas a la cultura, y queda demostrado en la programación del canal estatal, (no gubernamental) Canal 7, que esto se puede conseguir. Y ya que ésta ley abarca a todos los argentinos, esperemos que, cuando entre en vigencia, todos podamos recibir la misma cantidad y calidad de información, permitiendo que las repetidoras del interior del todo el país y los canales municipales realmente pueda mostrar la verdad y hacer oír distintas voces.
Dicen que el periodismo es “el cuarto poder”, y el Gobierno se dio cuenta recién hoy de ésta gran verdad.

El Estado propone cambios electorales

La Presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer un proyecto de reforma política en un acto presenciado por el gabinete electoral, varios gobernadores y con la ausencia de la oposición.
La propuesta que llegó a la Cámara de Diputados incluye la realización de elecciones primarias, abiertas y simultáneas para elegir candidatos presidenciales y legisladores nacionales. Impone, además, fuertes limitaciones a los partidos políticos, la prohibición para gastos de campaña privados en medios audiovisuales y restricciones para la publicación de encuestas.
Hay varios puntos destacables y cuestionables. Uno de ellos es que los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, deberán presentarse, en primera instancia, a una “elección primaria”. El que pierda no podrá competir en la elección general y aquellos que no tengan competidores internos deberán igual participar de los comicios y revalidar sus candidaturas con el 3% de los votos válidos emitidos del padrón nacional. Ésta medida perjudicará a los partidos chicos que no logren la cantidad necesaria.
Con esta nueva ley, cada partido político necesitará afiliaciones, no adhesiones, que logren el 5 por mil del total de los inscriptos en los padrones correspondientes en cada distrito, cuando hoy sólo necesitan el 4 por mil.
"No puede haber agrupaciones personales o clubes de admiradores. Nosotros creemos profundamente en el sistema de partidos políticos. No es una cuestión de tamaño, sino de concepción y funcionamiento", dijo la Presidenta durante su discurso.
Otro aspecto relevante del proyecto es que se prohibirán los aportes privados para la campaña audiovisual además de achicar los días de su reproducción. De 60 días permitidos se pasará a 30 y cesarán 20 días antes de las elecciones primarias. El Estado, que se hará cargo de éstas campañas, advirtió que se podrán quitar las licencias a aquellos canales o radios que no cumplan con los días estipulados.
Las encuestas también se verán afectadas ya que se prohíbe su difusión 15 días antes de los comicios. Tampoco se podrán hacer comentarios en los medios sobre resultados de sondeos. Otra exigencia es que las encuestadoras deben declarar quién les pagó y cuánto.
Los candidatos tendrán que generar nuevas estrategias para poder cumplir con esta nueva propuesta si se logra la sanción de las dos cámaras. Partidos con poca estructura como el PRO deberán correr el riesgo en las elecciones primarias y conseguir los votos necesarios para no quedar afuera de las elecciones generales. En el caso de Cobos deberá volver a la UCR para poder lograr la candidatura como presidente. Y el PJ, por su parte, tendrá unas reñidas elecciones internas entre Kirchner y quien se anime enfrentarlo.
Esta nueva reforma política puede ser eficiente para blanquear las elecciones, sobre todo en las campañas y encuestas, siempre y cuando no se maneje con favoritismos.
La propuesta deja de lado lo reclamado por la oposición para implementar voto electrónico o boleta única, pero Cristina Fernández lo que no ignoró fue la estética, ya que recomendó ponerle “colores a las boletas para que sean más alegres”, haciendo referencia al modelo utilizado en la reciente elección de Uruguay que fue destacada como “ejemplar”.

El gobierno tiene intenciones de estatizar Papel Prensa

La fábrica que elabora el papel que abastece a más de 170 diarios en todo el país, Papel Prensa, quiere ser intervenida por el Gobierno, según anunció el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
En esta empresa son accionistas el Estado nacional (27,46%), el Grupo Clarín (49%) y La Nación (22,49%), y de sus ocho directores, tres son representantes del Estado y uno es independiente.
Con la intención de controlar el papel utilizado en los periódicos, el Estado buscaría el modo de depreciar su valor para comprarla o expropiarla. Moreno tampoco descartó como estrategia dictar un decreto de ley de necesidad y urgencia. Esto implicaría, según expertos en la Bolsa, que las inversiones extranjeras se verían desalentadas debido a la inestabilidad de las reglas del juego, sobre todo por el enfrentamiento declarado entre el Gobierno y el Grupo Clarín.
Estas declaraciones también se vieron teñidas de amenaza e intimidación por parte del Secretario, según declaró el licenciado Carlos Collasso, uno de los dos consejeros que representan al Estado en la empresa. Collaso fue testigo de ciertas palabras de Moreno, siendo una de las mas importantes lo advertido el pasado 14 de septiembre en una reunión privada: "Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable".
Ante estas declaraciones por parte de Moreno, el consejero de Papel Prensa, apoyado por el Grupo Clarín, presentó una denuncia argumentando que estas han sido injerencias ilegítimas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, además de constituir delito, vienen a poner en grave riesgo la garantía constitucional de la libertad de prensa.
La denuncia está radicada ante el juzgado federal a cargo del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.

El gobierno acusado de financiar grupos piqueteros

Durante la sesion de senadores que tuvo lugar ayer, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, hizo graves denuncias contra el Gobierno nacional de enviarle dinero a la agrupación Tupac Amarú, definiéndola como "mafiosa y relacionada hasta con la droga".
Segùn el senador, este grupo jujeño liderado por Milagros Sala, siembra terror en esa provincia con el fin de favorecer ciertos negocios como es la construcción de viviendas populares, utilizando armas como medio para logar sus fines. Luego de estas acusaciones, la cámara alta quedó sin palabras.
En consecuencia de esto, Morales hizo un pedido al Poder Ejecutivo para que informe sobre la financiación otorgada al grupo piquetero, ya que "es ciertamente financiado por el gobierno nacional", afirmó. El oficialismo no pudo hacer oidos sordos a esta denuncia y aceptó la solicitud de dicho informe.
El senador de la UCR tuvo un especial apoyo del senador Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy), por verse obligado a dar severidad a las palabras de Morales. Él mismo vive en su provincia serias situaciones a asegura que "los jujeños tiene miedo" y agregó "que no es un tema nuevo". Siendo el propio senador quien fue protagonista de un escrache realizado por esta agrupación piquetera.
Pero estas declaracione tuvieron sus consecuencias cuando, el Ministro del interior Florencio Randazzo, acusó de "sobreactuar" a algunos dirigentes. y se defendió argumentando que el Gobierno jamás va a financiar a una organización social para que tenga gente armada. Igualmente, el pedido de informes ya fue aprobado por unanimidad de la Cámara de Senadores.