Censo 2010: con censistas y sin censados

Censo Nacional de Población,Hogares y Viviendas.

El próximo miércoles 27 se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Por este mismo motivo, ese día fue declarado feriado nacional para que todos los ciudadanos argentinos estemos en nuestros hogares y así poder recibir al censista, aunque algunos se nieguen a hacerlo por inseguridad y, sobre todo, por falta de confianza en cuanto a la manipulación de la información.

El censo 2010 no tuvo lugar aún, pero ya es polémico. A pesar que presenta características diferentes al último registro de 1990, este año la población está más desconfiada y las redes sociales fueron un medio recurrente para dar a conocer estás opiniones.

En Facebook y Twitter se crearon grupos y foros para debatir el tema. Argumentan que es inseguro abrirle al censista por más identificación personal que presente. Los datos que cada uno ofrece pueden tener destinos desconocidos de los cuales no se tiene conocimiento, como por ejemplo, que ese informe sea vendido a terceros y luego esas familias sean victimas de robos o de situaciones similares.

Otro punto en cuestión, es el manejo que realizará el Indec con las cifras recolectada. Según esta entidad, en diciembre de este año se sabrá cuantos somos los que habitamos el suelo argentino, incluso, aquellos que residen en la Antártida y las comunidades originarias que nunca habían sido censadas en años anteriores.

Muchas administraciones de propiedades horizontales de la Ciudad de Buenos Aires han decidido recibir a los censistas en los halls de entrada de los edificios para evitar la entrada de los encuestadores a los departamentos privados. Medida a la que muchos se han adherido pero que, desde los diferentes medios oficiales, han repudiado.

El diario El Argentino publicó el pasado domingo 10 de octubre, un artículo “advirtiendo” a la población sobre una campaña en contra del Indec y del Censo Nacional, argumentando que, de este modo, “imponen miedo a la sociedad” e incitan al ciudadano a no abrirle a los censistas o mentirles en las respuestas requeridas. Aseguraron que estas personas estarán correctamente identificadas con credenciales oficiales. Norberto Itzcovich, director administrativo y de operaciones del Indec, declaró que "no es necesario dar el apellido ni mostrar el DNI. Con el nombre de pila es suficiente. El censo consiste en una entrevista personal entre el censista y el censado, donde lo que vale es lo que se declara verbalmente".

Sin embargo, se hizo pública una denuncia de la Comisión Técnica ATE-Indec, integrada por profesionales de trayectoria desplazados del Indec a partir de 2007 tras haber denunciado una manipulación oficial de las estadísticas públicas, sobre las irregularidades del censo de este año. Cuestionan que las tareas preparatorias, en especial las del conteo y listado de viviendas, segmentación y preparación de la cartografía que se utilizará en el relevamiento, no fueron las adecuadas; que algunos censistas que ya están haciendo registros preliminares verificaron que hay datos que no coinciden con la realidad y a algunos les habrían recomendado que no censen casas tomadas, con lo cual, estas irregularidades podrían arrojar datos erróneos sobre el total poblacional.

Además, denuncian, en cuanto a la consulta sobre discapacidad, afrodescendientes y pueblos originarios, enfatizados especialmente por el Indec como novedad para ser registrada en este censo, sólo serán relevadas por el formulario ampliado, que llega al 10% de la población, mientras que al 90% restante le llega un formulario básico que no contiene esas especificaciones.

Otro punto cuestionado es el del presupuesto que conlleva el censo. Desde el oficialismo se dio a conocer la cifra de 303 millones de pesos, con los cuales se les pagará, a cada uno de los 650 mil censistas, 250 pesos la jornada de trabajo. Estas cifras, más los gastos estipulados para los distintos períodos de conteos del censo y la impresión de los formularios, dan un total de 523 millones de pesos, cantidad que no coincide con la anteriormente nombrada.

Cabe recordar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal pidió al Indec la suspensión del censo. Pese a esto, la entidad sigue trabajando y ya recibió 220 millones de pesos de parte del Poder Ejecutivo para el pago a los encuestadores.

La realidad es que faltan sólo nueve días para que los censistas recorran las calles del país y los ciudadanos dudan. El temor a los robos y a la manipulación de las estadísticas generan rechazo ante la situación.

El censo es necesario y debe respetarse, sin embargo, no es obligación responder las preguntas y proporcionar la verdadera identidad. Es por ello, que resulta necesario que las autoridades competentes transmitan tranquilidad a la población, más allá de dar seguridad a partir de la credencial o de mayor presencia policial. Lo que se duda es sobre las cifras y sus resultados, no sobre los censistas en particular.

No sabemos que números arrojará el empadronamiento, pero sí sabemos sobre la disconformidad de la gente.

Rutas peligrosas

Según los datos aportados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), de los 300.000 kilómetros lineales de caminos del país, el 5% recibe el 57% del tránsito total y en esa franja se registran las tres cuartas partes de todas las muertes en rutas argentinas. Solamente en las rutas nacionales 11, 9 y 7 se producen el 21% de los accidentes viales de la Argentina, lo que las lleva a liderar el trágico ranking.

Cada día que pasa suma más muertos a las estadísticas de vialidad de nuestro país. Y las rutas nacionales 11, 9 y 7 resultan las más peligrosas para transitar. Ya llevan registrados más del 20% de los siniestros viales que, en los primeros seis meses de este año, sumaron 11.996 con un saldo de 5365 muertos.

El hecho más significativo de estas últimas semanas con respecto a la inseguridad de las carreteras fue el accidente ocurrido en la madrugada del 27 de Septiembre en ruta 11 cuando un camión y una traffic colisionaron dejando 14 muertos y cinco heridos. El vehículo transportaba un grupo de danza infantil cuando a la altura del km 875 se vio frente al acoplado de un camión cargado de caña de azúcar que, sin luces laterales, intentó subir a la ruta desde un camino perpendicular a la misma. Dejó un gran saldo de muertos, entre ellos el chofer de la combi, y familias enteras destrozadas.

Este accidente es una muestra más de la falta de controles que hay en los caminos, ya sea que estén bajo la jurisdicción de la Gendarmería Nacional, de Prefectura, de la Policía Federal o provinciales. En todas las vías de circulación hay muchos carteles indicativos pero nadie que haga cumplir las normas.

Análisis del accidente

Al observar los detalles del siniestro encontramos infinitas irregularidades que se tendrían que haber previsto y, si los controles fuesen eficientes, el accidente no hubiese ocurrido o, al menos, no hubiese provocado tantas muertes.

Con respecto al camión Ford 7000 modelo 1979, no poseía luces traseras y laterales ni las fajas refractarias y los faros estaban mal calibrados. Sus dueños no pagaban la patente hace siete años, no poseía seguro contra terceros y el vehiculo, por sus condiciones, no podría pasar ni la más mínima verificación técnica. Y, en cuanto al chofer, Dante Sosa, tiene tan sólo 19 años, edad insuficiente para manejar ese tipo de camiones, por lo tanto, no estaba autorizado para transportar esa carga desde una chacra hasta el ingenio hasta que cumpliera los 21 años.

Por otro lado, la combi que transportaba familias y, sobre todo, niños tampoco estaba en regla. Haroldo Vásquez (63), chofer de la misma que resultó fallecido, volvía con padres y bailarines del ballet folklórico juvenil Retoños de Mi Pueblo de Villa Adelina, no tenía la licencia correspondiente para trasladar pasajeros, confirmaron las autoridades provinciales. Frente a esta situación, el juez solicitó la práctica de una nueva autopsia al cadáver del conductor del pequeño micro porque sospecha que no habría estado en condiciones de manejar.

Luego de lo ocurrido, las autoridades políticas de la Provincia de Santa Fe se reunieron con el jefe de Gendarmería Nacional, Manuel Cornejo, para regularizar la instalación de un puesto de control en Villa Ocampo, lugar donde sucedió el hecho. Esta iniciativa surgió después de las críticas a la provincia por no adherir a la ley nacional de seguridad vial que habilita a la Gendarmería y a la Agencia de Seguridad Vial a realizar controles y labrar actas de infracción en las rutas.

El pueblo santafesino lamenta las 14 muertes y vela por la salud de los heridos. Son muchas las incógnitas que se generan alrededor de la trágica eventualidad, sin embargo, las autoridades competentes deben alertarse cada vez más y tomar medidas en el asunto. A pesar de que la investigación de la tragedia en la ruta 11 se centra en la diligencia de los dos conductores, es necesario prestar atención al estado de las rutas nacionales y provinciales que recorren nuestro país.

El mal estado de las vías de tránsito

Los temas de discusión que surgen a partir de la conmoción que provocan estos infortunios giran en torno a las responsabilidades de los funcionarios, la falta de mantenimiento de las rutas, la ausencia de controles y la negligencia humana.

Tras recorrer más de 20.000 kilómetros de rutas argentinas, el Cesvi realiza anualmente un ranking de los 20 caminos donde ocurren mayor cantidad de accidentes de tránsito. Según los datos aportados por esta identidad, en el primer semestre del año el promedio de víctimas mortales fue de 26 personas diarias, mientras que, en ese lapso, 105 resultan heridas.

La ruta nacional 11, que une las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, tiene un caudal vehicular diario de 20.700 vehículos en el tramo que va desde Resistencia, Chaco, hasta el cruce con la ruta nacional N° 16. Por otra parte, la ruta nacional N° 9 tiene un tránsito medio diario anual de 372.000 vehículos en los tramos de mayor acopio, como en el que va entre la avenida General Paz y la ruta provincial 4. Y, en tanto, la ruta nacional 7, que cruza desde Buenos Aires a Mendoza, tiene un caudal diario promedio de 150.600, en el trayecto más complejo que va desde la avenida General Paz hasta la ruta provincial 4.

Los especialistas en seguridad vial aseguran que hay tres ejes en los que se debe hacer hincapié: controles, educación e infraestructuras viales. "Cuando uno transita por las rutas y lee carteles que dicen curva peligrosa, puente angosto, banquina descalzada o zona de derrumbe, lo que se ve es que el Estado está confesando que es impotente para brindar una infraestructura vial segura", declaró Guillermo Laura, presidente de la fundación Metas Siglo XXI, quien, en 1998, presentó en el Congreso un proyecto para la creación del Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre, iniciativa para que la red troncal vial sea de autopistas inteligentes, con lo cual se reducirían el 87% de las muertes en accidentes en rutas.

Según el Cesvi, no sólo alcanza una reconfiguración de las rutas, sino también, es necesaria una adecuada educación de los conductores. Para reducir el número de siniestralidad es necesario un plan de seguridad y educación vial integral. Un ejemplo de ello es la ruta N° 9 que, a pesar de ser autopista, registra un importante saldo de accidentes de tránsito.

Por otro lado, un componente que se repite en la mayoría de los incidentes en estas rutas son los camiones, que participan de un 30 por ciento de los accidentes viales de nuestro país.

Por las carreteras argentinas circulan 498.958 vehículos catalogados como transportes de carga que representan el 5,6 por ciento del total del parque automotor del país.

En el mayor porcentaje de los casos, el cansancio es la causa principal de los incidentes. A esto se le suman las presiones laborales, las imprudencias y la falta de obediencia a las normas de tránsito, el exceso de velocidad, la inexperiencia, la excesiva confianza del chofer por la monotonía del tránsito de los caminos, la ingestión de alcohol, los factores meteorológicos y el mal estado de las rutas. "El síntoma más claro es dejar de chequear los espejos; luego, dejar de observar las banquinas. Más tarde se pierde la atención al tablero de instrumentos y, por último, el conductor comienza a tener sólo una visión de la ruta más próxima a su vehículo y una mayor imprecisión en la reacción”, aseguran especialistas en vialidad del Cesvi.

Desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida, opinan que los controles y las licencias de conducir deben ser más exigentes en cuanto a las evaluaciones, al igual que las sanciones aplicadas tanto a choferes como a las empresas de transporte. De lo contrario, no se llegará a tomar conciencia absoluta de parte de los ciudadanos, particulares y profesionales, que circulan necesariamente por las vías del país.

Ante semejantes eventualidades es necesario tomar recaudos cuando un conductor en ruta está frente a un camión.

La tragedia del colegio Ecos

Un hecho doloroso y significativo que se asimila a lo ocurrido el mes pasado en la ruta N° 11, es el accidente que protagonizaron los alumnos del colegio Ecos de Capital Federal. El 8 de Octubre de 2006 los estudiantes volvían de Chaco tras realizar tareas solidarias en esa provincia cuando fueron víctima de las malas condiciones de las rutas y la imprudencia de los conductores.

El micro en el que viajaban era manejado por un chofer sin experiencia ni habilitado para dicha tarea, mientras que, el conductor del camión contra el cual chocaron estaba alcoholizado. Estas causas más el deterioro y la mala infraestructura de la carretera hicieron que ocurra la tragedia que produjo la muerte de una maestra y de nueve alumnos.

Desde ese momento, padres y compañeros de las victimas luchan para cambiar la realidad en cuanto a vialidad. Ya han presentado varios petitorios ante las autoridades para que la Seguridad Vial sea una política de Estado y que se tome conciencia de los muertos que nuestras rutas cobran a diario.

Entre sus pedidos, reclaman que el Ministerio de Trabajo efectivice un sistema de descanso de choferes de camiones y micros pensando en las condiciones seguras de trabajo, como así también un sistema de control riguroso. También reclaman al Poder Legislativo que se modifique el Código Penal aumentando las penas para que, los delitos derivados de hechos de tránsito con consecuencias graves o fatales, tengan un castigo ejemplar que induzca a los conductores a respetar las normas de tránsito.

Los familiares de los chicos del colegio Ecos, reviven el sufrimiento ante cada nuevo accidente. "Se siente indignación e impotencia porque esto demuestra una vez más la ceguera de la Justicia y de los gobernantes... Ocurrió lo mismo que con nosotros hace cuatro años; lo mismo", dijo conmovido Sergio Kohen, padre de Nicolás, fallecido aquel 8 de octubre de 2006, al referirse al accidente de este septiembre pasado.

Además, deja en evidencia la peligrosidad de las rutas, sobre todo la ruta nacional 11, la cual posee tan sólo siete metros y medio de calzada, lo que hace que los camiones se crucen a 60 centímetros de distancia, y se cobra peaje en cuatro cabinas durante todo su trayecto.

Tomemos conciencia

Lo importante de los casos es la consecuencia que dejan estas tragedias. Muertes que no pueden suplirse y un sufrimiento que acompañará de por vida a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, familias enteras, como sucedió con los habitantes de Villa Adelina, y grupos de amigos, como los chicos de Ecos.

La conciencia ciudadana es fundamental para revertir la situación vial, sin embargo, se necesitan políticas concretas y acciones urgentes. Estamos hablando de vidas que se van en un segundo por imprudencia, malas condiciones de las rutas y faltas de controles permanente.

No sirven campañas de responsabilidad sólo en lugares o temporadas donde se espera mayor caudal de vehículos en las rutas, como en las vacaciones o fines de semanas largos; no es suficiente el control vehicular obligatorio sólo en ciertas provincias; no alcanza con afiches al costado de las rutas para mostrar la cruel realidad.

Es imprescindible que se apliquen medidas severas frente a irregularidades que cometen los particulares, también se debe sancionar a las empresas que tienen empleados irresponsables y que salen a las rutas con pesos superiores a los permitidos, sin licencias habilitadas y bajo condiciones pésimas de seguridad, sin nombrar las malas condiciones de trabajo.

Es una tarea en conjunto entre ciudadanos y Estado. Con la predisposición y solidaridad del pueblo, y la función educadora y ordenadora del Estado, las muertes por accidentes viales serán menores y nuestro país no integraría los rankings de rutas más peligrosas.

Estudiantes a estudiar

Muchas marchas de estudiantes han sido

noticia en estas últimas semanas. Cortaron calles, tomaron escuelas y facultades, reclaman mejoras edilicias, educación para todos, planes sociales para estudiantes y requieren por otros derechos que les corresponden. Pero también podemos pensar, ¿es esta la manera de luchar?, ¿es necesario llevar tres semanas sin clases, retrasando mesas de exámenes y obligando al resto de los compañeros a cesar con la educación?, ¿es esto un reclamo justo? Pareciera que no, ya que la situación no mejora y nada parece convencer a los estudiantes para retomar con su derecho primordial y su deber de estado que es estudiar.

La educación en Argentina siempre estuvo marcada por la política y los intereses correspondientes a cada época. Entre 1550 y 1700 estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos y más tarde, jesuitas) y basada en la evangelización y en el uso del idioma español con carácter obligatorio. Luego, fue la burguesía criolla quien adoptó los ideales de la Ilustración. La educación se orientó hacia el comercio, la marina, la agricultura y los oficios, con carácter práctico y utilitario.

Avanzando en el tiempo, ya a mediados de 1800 y lograda la autonomía, el país se vio carente de profesionales de la educación se implementó el sistema lancasteriano (el Gral. San Martín fue uno de sus defensores) que, apoyándose en alumnos monitores, intentaba compensar las desigualdades en el aula. Se trataba de una educación memorística y de dura disciplina. En 1853, La Constitución Nacional estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales.

La educación tuvo un papel esencial en la constitución de la nación, considerada una condición para hacer del país una república. En ese contexto se sancionó la Ley Nº1420 de educación común, de carácter obligatorio, estatal, laico y graduado. Por este motivo, en las primeras décadas del siglo XX, la población escolar se duplicó, alcanzando al 70% de los niños de edad entre seis y trece años.

A partir de 1930, con la llegada del peronismo al poder, se redactaron nuevos programas educativos y se impusieron celebraciones y conmemoraciones a tono con el enaltecimiento de la pareja presidencial, determinación que no compartían muchas de las familias argentinas. Luego, en la década del 60, surgieron los cuestionamientos y empezó a vigorizarse la problemática en la educación por influencia de las nuevas corrientes pedagógicas. Las interrupciones democráticas (1966–1973 y 1976–1983) resultaron golpes a la enseñanza argentina, truncando la libertad de cátedra, entre otras consecuencias que trajo el proceso militar. En este período, sucedieron dos hechos significativos para la historia del país en las que los estudiantes fueron sus protagonistas, conocidos como La noche de los bastones largos y La noche de los lápices.

Pero, actualmente y viviendo en democracia, suponemos que estas desgracias que dejan heridas en el país no deberían suceder, ni siquiera la lucha de los estudiantes en las calles.

Los gobiernos democráticos deben asegurar a todos los niños y adolescentes en edad escolar, una educación libre y gratuita, y aportar herramientas para el desarrollo de la persona durante el resto de su vida. Esto mismo sucede en la educación universitaria, como en la Universidad de Buenos Aires, la cual depende del estado nacional. Las políticas nacionales deben contemplar estos inconvenientes y los ocurridos anteriormente para evitar las manifestaciones que afectan a todos los ciudadanos. En la educación de estos jóvenes está el futuro de todos.

Quizás los estudiantes de hoy deberían repetir la siguiente frase del científico Albert Einstein: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. ¿Será que los estudiantes no toman conciencia del valioso poder que da el conocimiento?

Por el bien de la sociedad toda, es necesario que esta situación de cese educativo se revierta y que todas las partes involucradas lleguen a una solución válida para todos, sin perjudicar la educación de nadie y aceptando los errores para después remediarlos. Para ello se crean diferentes planes como el “Programa Nacional de conveniencia escolar”, “El observatorio argentino de violencia en las escuelas” y “Construcción de ciudadanía en las escuelas”, entre otros proyectos que, considerando la situación actual, deberán ser revisados en cuanto a su efectividad dentro de los procedimientos escolares.

La protesta estudiantil es justa, las falencias educativas son evidentes, pero usemos la razón y no hagamos de este derecho universal una cuestión política de la cual nadie se hace cargo o parecen no saber revertir.