El aborto es tema de todos

En estos días, se dio a conocer el caso de una niña de Misiones que fue violada y embarazada por su tío de 53 años, por el cual la familia pidió el aborto. Un caso más de violación que se pretende resolver con la interrupción de la gestación del niño producto de este delito.

La chica de 14 años ya había sufrido abusos de parte del hermano de su madre, al igual que su hermana que también fue víctima de este abusador que hoy está detenido. El embarazo de la adolescente resulta ser el final predecible de un conflicto social que ya había sido denunciado. Quizás sea este la punta del ovillo. La denuncia ante las autoridades no es una medida eficaz frente a estos casos de abuso sexual pero el aborto tampoco parece ser la respuesta adecuada.

Y en estos casos es donde la justicia interviene ya que el aborto no está legalizado en nuestro país, excepto en los casos que indica el Código Penal: “cuando el aborto se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de “una mujer idiota o demente” (artículo 86, incisos 1º y 2º). En este caso en particular, la Justicia de Misiones, evitó pronunciarse sobre el pedido de aborto de la adolescente. Pero, ¿cuál es la postura de los médicos que deben llevar a cabo la intervención quirúrgica para producir el aborto? Los médicos del Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” esperaron la orden concreta de la Justicia para interrumpir el embarazo, sin embargo, La jueza de Familia Marta Julia Alegre sostuvo en su fallo que la Justicia no debía expedirse sobre el tema por no existir una negativa del sistema de salud a realizar el aborto debido a que se está frente a un caso de violación, por lo tanto, la acción no es punible.

A medida que la justicia y el sistema de salud tiran y aflojan en la decisión, la adolescente ya lleva 11 semanas gestando el bebé en su vientre, motivo por el cual, la familia dio marcha atrás al pedido. “Con mi familia decidimos seguir adelante y mi hija mayor, que también está embarazada, dijo que ella va a hacerse cargo de criar al bebé”, declaró Carmen, la madre de la adolescente, al diario Clarín. También agregó que parte de la responsabilidad es suya porque ella permitió que su hermano se instalara en su casa y allí fue que comenzó a violar a sus hijas.

Y aquí podemos detenernos a pensar en esa palabra tan importante: responsabilidad. Todos somos responsables de esta situación. Una niña violada que llora por tener “al hijo de su tío en su panza”, una madre que se siente culpable, médicos que se ven entre la moral y su rol como profesionales y un pedido de aborto para evitar que nazca esa criatura que, de todos los protagonistas de esta gran escena, es la única que no es responsable ni culpable de nada. La decisión fue revocada, el aborto no se llevó a cabo. Por lo tanto, podemos concluir que evitar un nacimiento no es solución para un complejo problema que tuvo un final infeliz. Pero si vemos la mitad del vaso lleno, ahora ese niño que nacerá en seis meses y que podría haber resultado muerto, tendrá una tía que lo va a amamantar, una familia que lo cuide y una madre, que a pesar de no desearlo, seguramente lo amará porque lo llevó en su vientre y el milagro de la vida se revelará en ella.

Trata de personas: cada vez más víctimas

La esclavitud del siglo XXI

Como si se las hubiese tragado la tierra, desaparecen de un día para el otro y nadie sabe nada. Eso es la trata de blancas. Mujeres a las cuales les arrancan su propia vida y las hacen padecer un infierno infinito.

En nuestro país, en los últimos 18 meses, 600 mujeres fueron víctimas de secuestros por parte de redes de tratas de personas. Naciones como Estados Unidos, ya han puesto la mirada en estas cifras. Un estudio realizado por el

Departamento de Estado norteamericano, revela que nuestro país se consolida como una región de origen, tránsito y destino para mujeres, niños y hombres que padecen el drama de la explotación, con bajos niveles de condenas y la ausencia de un plan nacional que enfrente el hostigamiento.

En el norte de nuestro país se han realizado investigaciones por parte de departamentos judiciales y el resultado que arrojó fue que, en su mayoría, las mujeres víctimas de trata son de nacionalidad boliviana. Luego siguen las argentinas y aquellas que son traídas de Paraguay. Además, se han identificado jóvenes de República Dominicana, Perú y Colombia. En cuanto al motivo por el cual son secuestradas, existe un amplio predominio de investigaciones por casos con finalidad de explotación sexual (64%) y, luego, un muy escaso porcentaje de casos con finalidad de explotación laboral en el rubro rural (5%).

Según la UFASE ( Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas), la trata de personas es definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta definición deja en claro que la trata de personas no siempre es referida a la explotación sexual o con fines de prostitución, sino que puede tener diferentes objetivos, en todos los casos, se utiliza la violencia y la privación de la libertad. La abogada María Florencia Núñez Palacios hace referencia a esto de la siguiente manera: “Cualquier reducción a la servidumbre, cualquier engaño a fraude llevándote de mucama a un lugar y después te encierran, por ejemplo, y no diste tu consentimiento para esa tarea, eso ya es delito de trata, incluso el sólo de transportar a la persona de un lugar a otro sin su conformidad”.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones consideraron la trata de personas un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó un escalón por debajo del narcotráfico. “Este delito trasciende a otros países ya que muchas de las victimas vienen de otras regiones y están indocumentadas, algunas tienen documentos falsos que acreditan mayoría de edad y es muy difícil poder concretar denuncias. Es una red internacional lo que se está llevando a cabo”, agrega Núñez Palacios.

La Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, sancionada el 9 de abril de 2008, prevé que las penas para este tipo de contravenciones será de cuatro a diez años de prisión en los casos de victimas mayores de edad, y de seis a quince años de prisión cuando la víctima fuere menor de 13 años. Po otro lado, la Ley aclara que “Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara”.

Otro de los puntos importantes mencionados es la intervención de la justicia y de la policía. Siempre y cuando las fuerzas no estén vinculadas activamente a los casos de secuestros, estos delitos se podrán condenar. Es común escuchar testimonio de victimas que han sido rescatadas de prostíbulos en los cuales mencionan que agentes de la policía realizan negocios con estas organizaciones extorsivos. Es por ello que, en ciertas comisarías de dudosa transparencia, las denuncias no se toman como corresponden. Así nunca se podrá desenrollar este ovillo de atrocidades.

“Es muy difícil detectar los casos de trata porque hay muchos países involucrados. Primero hay que identificar a las personas en cuanto a su mayoría de edad. Si es mayor de 18 años y brindó su consentimiento estamos hablando de prostitución y tiene que ver con la Ley de Profilaxis. En el caso que sea menor de edad, no importa si brindó consentimiento, se entiende que con todos los menores es delito de trata. A partir de esto se descubre que muchas veces hay autoridades involucradas y, a partir de las denuncias que se realicen, hay que investigar si dio su aprobación y de dónde viene esa víctima", explica la abogada.

Hay que tomar conciencia que estamos frente a un delito grave en el cual deben intervenir las organizaciones mundiales y se necesita de la interacción de las políticas de los países afectados. En Sudamérica los resultados de estos delitos son tan alarmantes como la cantidad de víctimas.

Con políticas migratorias más rigurosas, fronteras más controladas, un seguimiento comprometido de las autoridades y con la ayuda de todos los ciudadanos, este panorama puede cambiar. El cuadro es lamentable pero si nos animamos a denunciar el paisaje sería distinto. El compromiso debe llevarse a cabo por todas y cada una de las personas que en este momento están encerradas en cuartos de prostíbulos o encerrados en talleres clandestinos sin salida alguna y sin esperanzas de una realidad mejor.