Hace varios meses, suenan en nuestras cabezas las palabras “ley de medios”, “ley K”, “ley mordaza”, “ley de la dictadura” y muchas otras como éstas que se repiten diariamente en periódicos, canales de televisión y radios. ¿Podremos terminar de ordenar y jerarquizar estos términos? ¿Cuáles serán ciertos? ¿Cuáles no?
La Ley de Medios Audiovisuales fue propuesta por el Gobiernos oficial, especialmente, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el 18 de marzo de este año presentó el anteproyecto en el Teatro Argentino de La Plata frente a una multitud que la aplaudió de pie.
Esta nueva ley intenta cambiar y eliminar radicalmente, la antigua Ley de Radiodifusión (Ley 22.285) promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980
para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que en ese entonces basaba su política y la aplicación de sanciones en esa normativa. Y es aquí donde comienza la marea de comentarios y, sobre todo, justificaciones para estar a favor, o no, de la nueva ley.-
A favor del cambio
Muchos partidos políticos consideraron que el oficialismo estaba proponiendo una ley necesaria, actualiza-da y que dejara fuera de aplicación la antigua ley 22.285.
Hay ciertos argumentos importantes que se utilizan para apoyar el proyecto. Enumeraremos algunos de ellos, los más significativos y los más pronunciados durante las sesiones de las dos Cámaras.
El argumento primo es que la ley de radiodifusión es una ley de la dictadura y, por ese mismo motivo, está fuera de vigencia y es obsoleta. Este es un punto que nadie niega, ni siquiera los opositores.
La ley de Radiodifusión no tiene en cuenta ciertos aspectos que desde 1980 a la actualidad fueron cambiando y, sobre todo, se fueron incorporando nuevas tecnologías que ya quedan fuera del alcance de la misma.
Por lo tanto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) agrega los nuevos soportes de los distintos medios. Mientras que la 22.285 regula los servicios abiertos (radio y TV) y los sistemas complementarios más antiguos, como Antenas Comunitarias, la LSCA otorga marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión.
Otro argumento utilizado por quienes aceptan la ley de medios es que ésta abrirá más voces de opinión al poder acceder a las licencias, por ejemplo, las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Se amplía el espectro de opiniones y de contenidos en los diferentes medios.
Con la antigua ley las personas jurídicas sin fines de lucro pueden ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Y con respecto a éstas, la ley 22.285 permite que una sola persona obtenga 24 licencias con una duración de 15 años pudiéndose prorrogar por 10 años más, mientras que LSCA otorgará solo 10 en lo que respecta a servicios abiertos en un período de diez años que se podrán continuar por diez años más, previa realización de Audiencias Públicas, promoviendo también, un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias ya que anteriormente, mediante la utilización de sociedades por acciones, se las podía ocultar.
Existen aspectos que la ley de Radiodifusión no ha tenido en cuenta, como son las cooperativas, los servicios comunitarios y el cine nacional. Dentro de la regulación ningún artículo abarcaba estos actores. Con lo cual, la nueva ley de Medios los incorpora mediante la promoción de medios comunitarios a las frecuencias radiales, canales de televisión y medios gráficos; estableciendo un régimen abierto de participación para las cooperativas, e implantando una Cuota de Cine Nacional en la pantalla chica, de tal modo lo han hecho países como Francia y Brasil. Esto sin dudas, ayuda a promover la cultura nacional, conocer diferentes sectores sociales y a que puedan tener su espacio para expresarse. Pero, sin embargo, ¿no lo tienen hoy día? Las medias complementarias de la nueva ley, ¿podrán colaborar con este aspecto? Un ejemplo que suelen usar los oficialistas es que a partir de esta nueva ley, los pueblos originarios lograrán tener su lugar en los medios de comunicación, pero, ¿cuál es el impedimento en la actualidad para que eso no se dé así? El Estado debería apoyar estos argumentos con otros más convincentes y aplicables, porque si nos detenemos a pensar, estos mismos pueblos que hoy no tiene sus radios subvencionadas, no lo tendrán con la vigencia de la nueva ley si no se aplican otras medidas de apoyo a estos sectores.
El punto más controvertido, sin dudas, que modifica la nueva ley es la Autoridad de Aplicación: un órgano “autárquico y descentralizado”. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Éste ente regulador es el que suplanta al organismo conformado por militares, servicio de inteligencia y empresas, tal como lo explica la ley de Radiodifusión. (COMFER)
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A favor del cambio, en contra de la ley.
Es común escuchar en este último tiempo que la Ley sancionada, ya que fue aprobada por las dos Cámaras, es una ley del Gobierno, una ley “K” que solo quiere eliminar al Grupo Clarín y romper sus monopolio. Y en este punto nos hacemos una pregunta: ¿No era el diario Clarín el que apoyó, disimuladamente, a Néstor Kirchner cuando asumió a la presidencia en mayo del 2003? Sí, indudablemente, habrá sido funcional a sus estrategias.
Durante los debates de los diputados y senadores, ya sea en las respectivas cámaras, en televisión o diarios, se han escuchado opiniones encontradas que resultan muy válidas.
Es necesario saber qué objetan los que se oponen a la Ley, no al cambio de la Ley de Radiodifusión, sino a la LSCA tal como fue sancionada el pasado 10 de octubre. Y es esencial aclarar que aquel que no está a favor de la ley no es anti-oficialista y aquel que sí apoya el proyecto no necesariamente, es ”K”.
Una de las críticas mas escuchadas por parte de los opositores es que la ley no permitirá mas libertad de prensa como se argumenta, sino que “el control del Estado no nos va a permitir progresar. Y este Gobierno ha minado la seguridad jurídica y la confianza en este país”, como atacó el salteño Juan Carlos Romero en la sesión de senadores.
Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) fue el primero en poner en dudas la constitucionalidad de la ley y en advertir que, de aprobarse, como finalmente ocurrió, la ley podría derivar en una ola de presentaciones ante la Justicia. "Esta ley no pasa el texto mínimo de constitucionalidad", sentenció. Y alertó: "La judicialización será el camino de los licenciatarios que quieran defender sus derechos, y las consecuencias serán imprevisibles y costosas".
Otro punto controvertido son las licencias, ya que sí el Poder Ejecutivo estará a cargo, en su mayoría, de la autoridad de aplicación y de el otorgamiento de licencias, es lógico que se ponga la lupa sobre ello, ya que podríamos pensar que las éstas serán otorgadas por amiguismos y simpatías, acrecentando esta amistad en épocas de elecciones o, en su defecto, en tiempos de renovación de licencias.
“Lo peligroso no es la ley, sino la trampa”, dijo María Eugenia Estenssoro en la audiencia del 10 de octubre al explicar su voto negativo a la Ley, ante el presidente de la cámara de Senadores, Julio Cobos. Toda ley tiene su lado vulnerable, el conflicto se crea cuando alguien se aprovecha de este “bache” para filtrar conveniencias.
El artículo que más dudas generaba era el 161, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido por la nueva norma en el plazo de un año. Se trata de una cláusula de desinversión que ha sido objetada por las cámaras empresariales del sector por considerar que vulnera los derechos adquiridos, ya que los obligará a vender sus bienes a precio grosero.
Y es aquí donde interviene la voz de Grupo Clarín, al principio medida y luego desmesurada, imponiendo términos como “Ley mordaza” y “Ley K”. Cuando los intereses que entran en juegos se ven violados por ambas partes del conflicto, se declara la guerra. Por consiguiente, la ley de Medios parecería ser una ley en contra de los monopolios, siempre y cuando no favorezca al cambio de los mismo, reemplazando uno por otro, en este caso, el controlado por el Estado.
A partir de ahora, los multimedios tendrán que achicarse y reacomodar sus empresas, entendiendo que estos tiene en su poder radios AM y FM, diarios y canales de televisión que, en su mayoría, son de transmisión por cable.
Clarín, deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al grupo español Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias.
En cambio, los que se ven favorecidos por la LSCA son Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, ya que tenían prohibido el ingreso al mercado de los medios en los documentos de licitación de la privatización. Esa norma existía porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros.
El proyecto oficial les permite ahora ingresar. Pero les impone dos restricciones: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Lo que solo afecta a Telefónica que tiene inversiones españolas.
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Observemos para poder reflexionar.
El espectador común tiene la incertidumbre de si ésta ley aprobada va a perjudicar su vida cotidiana, informándose por los canales que cada uno elige diariamente. O sea, ¿va a cambiar el bendito zapping, que nos permite ver de todo y a la vez no ver nada? Tanta información nos puede confundir, pero esto no quiere decir que debamos restringirla, sino, comprenderla, procesar lo que vemos día a día en los medios, comparándolo con lo que vivimos en las calles, en el trabajo. Debemos distinguir entre una ley que propone el Estado y una ley que sólo favorece al mismo, una discusión que se plantea entre monopolios y anti-monopolios y una discusión la cual se concentra y critíca o apoya a dos actores: Gobierno – Grupo Clarín, mal relacionados con oficialistas y anti-oficialistas.Depende de nosotros que ésta ley no sea aprovechada para favorecer los intereses de unos pocos, depende de nosotros, los espectadores, que decidimos qué vemos y qué no.
Esta nueva ley, en teoría, va a posibilitar nuevos puestos de trabajo al abrir mas canales, radios y periódicos, pero estos nuevos periodistas que trabajan con la información constantemente, ¿podrán plasmar en el papel, decir antes los micrófonos y cámaras, lo que realmente sucede? No existe el “periodismo limpio, neutral” ya que no podemos dejar nuestra subjetividad de lado, pero es mas grave aún, cuando debemos obrar acorde a la subjetividad de otro.
Como toda reglamentación, podemos hallar cosas positivas como negativas pero debemos ser capaces como pueblo y, sobre todo nuestros representantes, de pensar en el bienestar común, y que no sea sólo un escudo o una bandera para defender
ciertas ideologías en un banquillo.
La Ley de Medios es necesaria, pocos discuten esto, pero es necesaria siempre y cuando sea para avanzar, progresar y no dejar de lado ciertas cuestiones que podríamos enumerar a montones. Cuestiones sociales que están tocando fondo, ya sea hambre, pobreza u obras públicas.
Que este debate que, lleva meses ocupando lugar en los distintos medios en boca de diferentes políticos y periodistas, no nos desenfoque la realidad. Que no se transforme en una lucha entre poderes, en una lucha dentro de la misma sociedad, tal como ocurrió hace mas de un año atrás con el conflicto del campo y “la 125”.
La LSCA abre las puertas a la cultura, y queda demostrado en la programación del canal estatal, (no gubernamental) Canal 7, que esto se puede conseguir. Y ya que ésta ley abarca a todos los argentinos, esperemos que, cuando entre en vigencia, todos podamos recibir la misma cantidad y calidad de información, permitiendo que las repetidoras del interior del todo el país y los canales municipales realmente pueda mostrar la verdad y hacer oír distintas voces.
Dicen que el periodismo es “el cuarto poder”, y el Gobierno se dio cuenta recién hoy de ésta gran verdad.
