Estudiantes a estudiar

Muchas marchas de estudiantes han sido

noticia en estas últimas semanas. Cortaron calles, tomaron escuelas y facultades, reclaman mejoras edilicias, educación para todos, planes sociales para estudiantes y requieren por otros derechos que les corresponden. Pero también podemos pensar, ¿es esta la manera de luchar?, ¿es necesario llevar tres semanas sin clases, retrasando mesas de exámenes y obligando al resto de los compañeros a cesar con la educación?, ¿es esto un reclamo justo? Pareciera que no, ya que la situación no mejora y nada parece convencer a los estudiantes para retomar con su derecho primordial y su deber de estado que es estudiar.

La educación en Argentina siempre estuvo marcada por la política y los intereses correspondientes a cada época. Entre 1550 y 1700 estuvo centrada en la escolaridad primaria a cargo de las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos y más tarde, jesuitas) y basada en la evangelización y en el uso del idioma español con carácter obligatorio. Luego, fue la burguesía criolla quien adoptó los ideales de la Ilustración. La educación se orientó hacia el comercio, la marina, la agricultura y los oficios, con carácter práctico y utilitario.

Avanzando en el tiempo, ya a mediados de 1800 y lograda la autonomía, el país se vio carente de profesionales de la educación se implementó el sistema lancasteriano (el Gral. San Martín fue uno de sus defensores) que, apoyándose en alumnos monitores, intentaba compensar las desigualdades en el aula. Se trataba de una educación memorística y de dura disciplina. En 1853, La Constitución Nacional estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales.

La educación tuvo un papel esencial en la constitución de la nación, considerada una condición para hacer del país una república. En ese contexto se sancionó la Ley Nº1420 de educación común, de carácter obligatorio, estatal, laico y graduado. Por este motivo, en las primeras décadas del siglo XX, la población escolar se duplicó, alcanzando al 70% de los niños de edad entre seis y trece años.

A partir de 1930, con la llegada del peronismo al poder, se redactaron nuevos programas educativos y se impusieron celebraciones y conmemoraciones a tono con el enaltecimiento de la pareja presidencial, determinación que no compartían muchas de las familias argentinas. Luego, en la década del 60, surgieron los cuestionamientos y empezó a vigorizarse la problemática en la educación por influencia de las nuevas corrientes pedagógicas. Las interrupciones democráticas (1966–1973 y 1976–1983) resultaron golpes a la enseñanza argentina, truncando la libertad de cátedra, entre otras consecuencias que trajo el proceso militar. En este período, sucedieron dos hechos significativos para la historia del país en las que los estudiantes fueron sus protagonistas, conocidos como La noche de los bastones largos y La noche de los lápices.

Pero, actualmente y viviendo en democracia, suponemos que estas desgracias que dejan heridas en el país no deberían suceder, ni siquiera la lucha de los estudiantes en las calles.

Los gobiernos democráticos deben asegurar a todos los niños y adolescentes en edad escolar, una educación libre y gratuita, y aportar herramientas para el desarrollo de la persona durante el resto de su vida. Esto mismo sucede en la educación universitaria, como en la Universidad de Buenos Aires, la cual depende del estado nacional. Las políticas nacionales deben contemplar estos inconvenientes y los ocurridos anteriormente para evitar las manifestaciones que afectan a todos los ciudadanos. En la educación de estos jóvenes está el futuro de todos.

Quizás los estudiantes de hoy deberían repetir la siguiente frase del científico Albert Einstein: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. ¿Será que los estudiantes no toman conciencia del valioso poder que da el conocimiento?

Por el bien de la sociedad toda, es necesario que esta situación de cese educativo se revierta y que todas las partes involucradas lleguen a una solución válida para todos, sin perjudicar la educación de nadie y aceptando los errores para después remediarlos. Para ello se crean diferentes planes como el “Programa Nacional de conveniencia escolar”, “El observatorio argentino de violencia en las escuelas” y “Construcción de ciudadanía en las escuelas”, entre otros proyectos que, considerando la situación actual, deberán ser revisados en cuanto a su efectividad dentro de los procedimientos escolares.

La protesta estudiantil es justa, las falencias educativas son evidentes, pero usemos la razón y no hagamos de este derecho universal una cuestión política de la cual nadie se hace cargo o parecen no saber revertir.